El Gobierno se apropió de fondos de los municipios

El bloque del Frente Unidos por San Luis promovió un pedido de informes tras conocerse que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá les retiene fondos a las 65 ciudades y localidades.

El disparador de la iniciativa de los diputados opositores fue una comunicación del Gobierno a los intendentes, tal como lo adelantó el domingo El Chorrillero, para notificarles que les descontará fondos girados “por error”.  En ese momento los jefes comunales advirtieron que son recursos coparticipables y nos los venían recibiendo.

Igualmente Terrazas del Portezuelo proyecta descontarles en marzo, abril y mayo. Este mes quiere reingresar al Tesoro provincial $ 580.673.832,35.

Los diputados opositores prepararon un cuestionario dirigido al Gobierno de Rodríguez Saá para que responda sobre el manejo de esa plata. Se basaron en un plexo conformado por la Ley Nº 27591 e Presupuesto Nacional de 2021, el decreto 882/2021 de prórroga del presupuesto, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y la Ley Nº 26.206 de Educación.

De allí surge que el Gobierno les retiene fondos a los municipios.

Justamente el artículo 14 de la Ley Nº 27591 dice: “Establécese la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021 del artículo 7° de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional, 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función formal y no formal de la educación”.

Con la nueva redacción, el Fondo de Financiamiento Educativo debe ser coparticipado a los municipios, de manera automática y para solventar gastos vinculados a la educación no formal, resaltaron los diputados de Unidos por San Luis.

La educación no formal se encuentra regulada en el artículo Nº 112 de la Ley de Educación Nº 26.206, y reviste el conjunto de actividades formativas no escolarizadas complementarias a la educación formal en la que pueden participar instituciones públicas o privadas, organizaciones gubernamentales, comunitarias y sociales, con diversas capacitaciones (expresivas, lúdicas, de investigación, deportivas, etc.), que vienen a dar respuesta a las necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, entre otros tantos objetivos, señalaron.

En ese marco los diputados abundaron: “Se trata de actividades educativas que se realizan fuera del ámbito escolar o del sistema educativo formal y que están orientados generalmente a la formación para el trabajo en relación de dependencia o en forma independiente como emprendedor, el desarrollo de expresiones artísticas y culturales. Como ejemplo se pueden destacar los talleres de oficios, capacitaciones en emprendedurismo, cursos de idiomas, de deportes, conferencias temáticas, etcétera”.

Y concluyeron: “Va de suyo, que en el caso de nuestra provincia, en nada importa si el sistema educativo formal se encuentra bajo la órbita provincial, por cuanto también dicho fondo contribuye al financiamiento de la actividad educativa no formal que pueden llevar a cabo las jurisdicciones municipales”.